INTERVENCIÓN EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
MARÍA FERNANDA ESPINOSA

5 de junio de 2019

Señor Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo,
Señoras y Señores Asambleístas, hermanas y hermanos ecuatorianos

I. Introducción

Me presento hoy ante el Pleno de la Asamblea Nacional para hacer uso de mi derecho a la defensa, en un caso inexplicable de acusaciones y persecución política en mi contra, que lleva ya más de 18 meses.

Hoy acudo ante ustedes con el optimismo que nos caracteriza a las ecuatorianas y ecuatorianos, porque juntos construimos un país de esperanza y alegría, porque juntos sabemos cómo superar las adversidades. Los ecuatorianos somos así, los que vivimos en nuestro país o como migrantes en el exterior.

La esperanza ha renacido también con los recientes logros académicos, deportivos, científicos y artísticos de ecuatorianas y ecuatorianos en el mundo, ejemplos de esfuerzo y superación para nuestra niñez y juventud. Todo esto nos llena de orgullo, el orgullo de ser ecuatorianos.

Ayer tuve una jornada muy emotiva, cuando el Embajador Tijjani Muhammad Bande de Nigeria fue electo Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el siguiente período que iniciará en el mes de septiembre.

Fue muy grato no sólo recibir las felicitaciones de los Estados miembros por el desempeño de Ecuador hasta el momento, sino constatar el gran respaldo que tiene el nuevo Presidente, quien llegó acompañado por más de 50 diplomáticos de su país, que ayer vivió una verdadera fiesta nacional por su elección.

También he sentido una gran satisfacción por las palabras de reconocimiento y apoyo que he recibido estos días, agradezco de corazón a todas las personas y organizaciones que me acompañan en esta defensa de la verdad y la razón.

Pero hoy acudo también ante Ustedes con pesar y desconcierto, como una víctima más del odio y de la persecución que lamentablemente se han institucionalizado en nuestro país.

Esta práctica en nada contribuye a las demandas y necesidades más apremiantes del pueblo ecuatoriano. Los hombres y mujeres de nuestro país buscan vivir en paz y tener un futuro digno. En toda sociedad democrática, las diferencias político-ideológicas se ventilan a través del diálogo, del debate, y de la expresión de la ciudadanía en su participación electoral.

Me llena de pesar e incluso de vergüenza, que en los espacios internacionales en los que me corresponde trabajar en representación del Ecuador, importantes personalidades del mundo hayan leído y continúen leyendo y escuchando las ofensas, las referencias discriminatorias y machistas, y los argumentos pobres y sin sustento, que se repiten y se promocionan en mi contra.

También me preocupa la imagen internacional que proyectamos como país. Es una imagen de inestabilidad y persecución difícil de comprender.

Es casi imposible explicar las verdaderas motivaciones de un juicio a una ex Canciller que es además la Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más allá de que sea yo quien ocupe este cargo, se trata de una persona, que ejerce, en nombre del Ecuador, la más alta dignidad en la política internacional, al representar a los 193 Estados que integran la Organización de las Naciones Unidas.

Además, debo decir que me desconcierta saber que las expresiones de odio y descalificación en medios digitales, y de parte de algunos políticos, tengan eco en ciertos medios de comunicación; y que exista un embargo mediático deliberado para impedir que se divulguen noticias sobre las funciones que desempeño, luego de ser elegida hace precisamente un año, el 5 de junio de 2018, Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Hace poco se confirmó, de forma desafortunada, este embargo mediático, al dirigirse y ejecutarse, desde uno de los medios digitales del país, un linchamiento en contra de una periodista ecuatoriana, -también mujer, y además conocida por NO coincidir con mis posturas- que se atrevió a romper el cerco mediático y a entrevistarme para cubrir las actividades que desempeño en nombre del Estado ecuatoriano.

Hay que señalar que en estos meses de gestión como Presidenta de la Asamblea General de la ONU se han producido más de 200 entrevistas en los medios de comunicación más importantes del mundo, sin haber despertado interés ni reacción de la gran mayoría de los medios de mi propio país.

II. La Ética y la Política en Ecuador

Pero yo no soy la única víctima de esta persecución política. Por ello, creo oportuno detenerme en tres reflexiones que me permito compartir con Ustedes sobre la ética en la política, y sobre el país que podemos aún construir juntos.

En primer lugar, quiero indicar que la ética y la política se juntan en un propósito único, que es la construcción del “bien común”. Podemos decir que el “bien común” es el fin por el que deberían guiarse las acciones y conductas de todas las personas, y especialmente de quienes ostentan la autoridad y la representación de sus respectivos pueblos.

Yo les invito a que se pregunten, ¿en qué contribuyen el odio y la persecución política al bien común por el que todos deberíamos trabajar?

Aquí me permito expresar un primer cuestionamiento relacionado con este proceso en mi contra: ¿Este enjuiciamiento político tiene como fin el bien común para la sociedad ecuatoriana?

¿La inversión del valioso tiempo de este órgano legislativo, los tiempos invertidos por los asambleístas promotores de esta persecución en sus entrevistas, en pronunciamientos, en un constante y sostenido acoso en mi contra, y su derivación en este juicio político, responden a los intereses colectivos de nuestra sociedad? Por supuesto que No.

¿Por qué este tiempo usado para la persecución y los ataques sistemáticos no se ha utilizado para legislar en materia de generación de empleo o mejorar la educación técnica y superior, o para discutir los acuerdos financieros internacionales y sus repercusiones en el desarrollo social y económico de los ciudadanos, hombres y mujeres, de nuestro país?

Todos sabemos las repuestas a estas preguntas. Este juicio responde a una revancha política contra una persona pública, que en su quehacer ha representado a nuestro país en los más altos espacios internacionales y que ha sido consecuente con sus principios y valores. He ejercido mis responsabilidades públicas con altura, dedicación y sin ceder a presiones de ningún tipo. No podía ejercer la política exterior en respuesta a los chantajes y ataques de medios digitales o de algunos que pretenden gobernar desde sus redes sociales.

Dejarme secuestrar por intimidaciones y amenazas, en el ejercicio de mis funciones, hubiera sido una falta de coherencia con mis principios y una falta de respeto hacia los ciudadanos del Ecuador y a mi función como servidora pública.

Mi gestión como Canciller estuvo siempre afincada en nuestra Constitución, las leyes nacionales y el derecho internacional, pero además, en el plan de gobierno que ganó democráticamente las elecciones en el año 2017.

Decían los griegos que toda Polis tiene un Ethos, la política no debería ser concebida sin la ética.

La ética es, por tanto, central para la política. Es por ello que nunca he respondido a las ofensas y agresiones en mi contra. Estas agresiones, marcadas por el odio y el irrespeto a mi condición de mujer, de profesional y de política, no se compadecen con la política como servicio a los demás, ni tampoco con la necesidad de que las diferencias políticas sean ventiladas en los espacios del diálogo respetuoso y en el debate de ideas.

Sin ética, no puede haber política al servicio del bien común. No podemos tener políticos que remplazan las ideas por los insultos, que usan la descalificación y los epítetos en lugar de la argumentación y la razón. No podemos pensar en actores políticos que se atrincheran en la anonimidad de las redes sociales, que usan ciertos medios de comunicación como caja de resonancia de verdades a medias. Los ecuatorianos nos merecemos más.

Paso ahora a mi segunda consideración. Esta ya no se refiere a los asambleístas acusadores, sino que es un llamado al conjunto de los representantes del pueblo ecuatoriano aquí presentes.

El pedido es que su actuación esté animada por su propio análisis y juicio sobre las pruebas de descargo presentadas, y no por los prejuicios y las descalificaciones infundadas.

Les pido priorizar lo que es justo sobre lo que puede ser útil en el corto plazo respecto a sus respectivas batallas políticas en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque una vez más, volviendo a la esencia de la ética en la política, el fin no puede justificar los medios.

Apoyar una censura estaría lejos de la ética política. El fin último de la política es obtener justicia, y la justicia, según el jurista romano Domicio Ulpiano, significa dar a cada uno lo suyo, no hacer daño a los demás y vivir honestamente. Este es, finalmente, el fundamento del Derecho. Y precisamente, en este intento de juicio, no existen criterios de justicia, sino motivaciones políticas e ideológicas.

Quisiera señalar aquí que, al menos a más de la mitad de Ustedes, compañeros y compañeras, y a mi, como muchos otros, nos unen elementos ideológicos comunes, que nos pueden caracterizar como personas progresistas y humanistas, quizás alejados solamente por temas coyunturales.

Nosotros deberíamos ser la corriente dominante, la corriente del sentido común, la gran alianza por el bien colectivo y por los derechos humanos, y por el bienestar y la dignidad de todas y todos.

Algunos de ustedes me han manifestado que se han visto obligados a actuar, en mi caso, por arreglos políticos de coyuntura o para evitar supuestos “costos políticos”, por el chantaje, y las presiones de ciertos actores y partidos.

Actuar en este caso, o en cualquier otro caso de esta naturaleza, motivados por el chantaje y no por la razón y la ética, sería grave, muy grave, porque restaría credibilidad y legitimidad a la actuación del primer Poder del Estado y erosionaría nuestro sistema político.

Esta crisis de confianza y legitimidad de las instituciones y el consecuente hastío de la ciudadanía, no solamente ecuatoriana, sino mundial, puede tener consecuencias nefastas en la construcción de sociedades pacíficas y democráticas. Este fenómeno se refleja, por ejemplo, y muy claramente, en el resurgimiento de los nacionalismos extremos y los populismos nacionalistas en todo el mundo.

Me gustaría ahora referirme al tercer y último punto de esta reflexión introductoria. En nuestra América Latina, la era Republicana se formó bajo una ficción jurídico-política que hasta hoy no hemos podido superar.

Existe un mundo de lo formal, del que es parte la Asamblea Nacional, y en general el conjunto de las instituciones del Estado, y el mundo real, es decir, los ciudadanos comunes, la gente de a pie.

Esto representa, como dice Octavio Paz, “una fractura entre el mundo formal y el mundo real”, o una separación esquizoide del Derecho y la realidad, como la denomina Carlos Fuentes.

Esta dicotomía se expresa claramente en el promedio de credibilidad de los parlamentos latinoamericanos ante sus respectivos ciudadanos, que no supera el 30%, según datos de la corporación Latinobarómetro.

La forma de hacer y entender la política que motiva mi presencia hoy frente a ustedes, pese a que como servidora pública siempre rendí puntualmente cuentas de mi gestión ante la ciudadanía y ante esta misma Función del Estado, no ayudará a solventar la fractura existente en nuestro país entre gobernantes, representantes de la ciudadanía y gobernados.

Es decir, no es enjuiciando a la ex Canciller que la Asamblea fortalecerá su credibilidad, especialmente cuando existen argumentos claros y contundentes que demuestran que NO existen razones para este enjuiciamiento, más que el odio, la persecución y la revancha.

El solo hecho de mi presencia aquí, con motivos infundados, y como expondré más adelante, sin haberse analizado ninguno de mis argumentos, frente a un Informe de la Comisión de Fiscalización, plagado de vacíos y contradicciones, solo contribuye a profundizar el escepticismo respecto al actuar de la política formal.

Estimadas y estimados Asambleístas,

La cohesión de un país está signada por la capacidad de diálogo y proyección de futuro de sus ciudadanos e instituciones. Cuando se deteriora el diálogo y se naturaliza la agresión como forma de procesar las diferencias, la posibilidad de construir una sociedad vibrante, optimista, con alta autoestima y sentido de pertenencia, desaparece.

El país que todas y todos queremos y merecemos es aquel en el que, bajo las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho, un servidor público, puede ejercer su función, con honestidad y eficiencia, bajo la autoridad que le otorga un gobierno legítimo.

No podemos aceptar la violencia como forma de ejercer la política, sobretodo la violencia contra las mujeres que hacen política. La historia, en general ha invisibilizado o perseguido a las mujeres que han osado contradecir los cánones más conservadores de nuestra sociedad.

Nos juzgaron por participar de las campañas libertarias de nuestra independencia, por ser parte de las montoneras de la revolución liberal, por participar en la política a través del voto, por ir a la universidad, por estar en puestos de decisión, por resistir y enfrentar la violencia y la discriminación. Y nos juzgan por ser defensoras de los derechos humanos.

A mí me juzgan por ser progresista. Por no haber claudicado ante el acoso y el chantaje de ciertos actores políticos, de ciertos intereses, de ciertos medios digitales y de algunos medios de comunicación.

Señor Presidente,

Comparezco hoy ante el Pleno de esta Asamblea, con la firme convicción de que esta reflexión inicial aportará elementos de juicio y que mis argumentos serán analizados y evaluados en su justa dimensión, para concluir en el archivo de este enjuiciamiento.

Lo hago pensando que ustedes señoras y señores asambleístas, son, igual que yo, firmes defensores de los valores republicanos que inspiraron la revolución liberal del General Eloy Alfaro, que hoy 5 de junio cumple un año más. Esta Revolución fue un hito en la historia del Ecuador y de América Latina, por defender la soberanía nacional; por creer en la fuerza y el papel del Estado para preservar los intereses colectivos; por creer que todos somos iguales ante la Ley. Estos son los principios que seguimos defendiendo y que están vinculados al caso que nos ocupa.

Ya en el año 1891, el poeta e internacionalista José Martí nos hablaba, en su ensayo titulado “Nuestra América”, sobre la urgencia de construir nuestras propias Repúblicas con la verdad: “Los pueblos han de tener una picota para quien les azuza a odios inútiles; y otra para quien no les dice a tiempo la verdad”.

Yo les pido que no construyamos nuestro país con el odio, la mentira y la revancha, hagámoslo con la verdad y la razón, con amor al país.

III. Sobre las pruebas

Señoras y señores Asambleístas,

Se me acusa de un supuesto incumplimiento de funciones en relación a tres temas:

  1. La atención a los ciudadanos ecuatorianos residentes en Venezuela;
  2. El secuestro de tres periodistas y la crisis de seguridad en la frontera norte, y;
  3. La protección al señor Julian Assange, en su calidad de persona internacionalmente protegida, de acuerdo al derecho internacional y a los derecho humanos.

He revisado minuciosamente las supuestas pruebas y escritos de los acusantes, sus pronunciamientos en la sesiones de la Comisión de Fiscalización y Control Político y el Informe finalmente aprobado. Toda esta información corrobora la inconsistencia y la falta de rigor con la que los acusantes han procedido.

De 2.778 hojas presentadas por los acusantes como supuestas pruebas, ninguna de ellas recoge elementos probatorios que sustenten sus acusaciones De todas ellas, 711 hojas no corresponden a mi período de gestión como ex Canciller; 642 corresponden a impresiones del sistema de viajes al exterior; 267 se refieren a viajes de otro ex Canciller y el restante número de hojas son copias simples solicitadas a Cancillería, documentos administrativos y reportes institucionales, muchos de ellos mutilados.

Además recogen decenas de hojas con copias de noticias de medios de prensa, “portales digitales» y redes sociales, todas con noticias generadas y articuladas, en su mayoría, por los mismos acusadores. Esta supuesta documentación probatoria es una muestra fehaciente de la falta de rigor y responsabilidad de los proponentes de este juicio.

La misma Comisión de Fiscalización y Control Político reconoce en la página 39 del Informe que, abro comillas, “De la revisión de los 11 oficios a la solicitud de juicio político como anuncio de prueba, se advierte que estos no contienen ni aportan información alguna que permita establecer el incumplimiento de funciones por parte de la ex Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, […]

Asimismo, se observa que todos los oficios presentados no contienen una certificación que acredite que son fiel copia de documento original; en consecuencia, estos documentos constituyen copias simples que no tienen valor probatorio” cierro comillas.

Se trata, señoras y señores Asambleístas, de una falta de respeto a la Función Legislativa y a su rol fiscalizador, y muy especialmente, un irrespeto a la opinión pública nacional.

De igual modo, he revisado los contenidos de las comparecencias y escritos de los funcionarios convocados como testigos por la Comisión y he comprobado que, en prácticamente su totalidad, la información por ellos provista, corrobora todas las actuaciones que han sido detalladas en mi escrito de defensa, demostrando que NO he incumplido mis funciones en ninguno de los tres casos.

Si los señores y señoras asambleístas analizan con detenimiento la acusación en mi contra, el escrito de descargo que presenté y el Informe aprobado por la Comisión, comprobarán que todas las aseveraciones de los acusantes carecen de sustento y que en la decisión de la Comisión de Fiscalización, no se han tomado en cuenta ninguno de los argumentos presentados en mi defensa.

Es importante reiterar que, a todas luces, los asambleístas acusantes ni leyeron ni analizaron el escrito que presenté ante la Comisión. Ningún argumento de descargo, desmintiendo sus aseveraciones, por más concluyente que sea, ha sido tomado en cuenta.

A manera de ejemplo, esto se puede comprobar en las aseveraciones recurrentes de los acusadores, que constan en las grabaciones de las sesiones y sus declaraciones públicas, donde insisten en hechos que son claramente erróneos, como indicar que nunca informé a la Asamblea Nacional sobre la situación de Julian Assange o la Frontera Norte, aún cuando existen actas certificadas de la información que presenté. También han señalado que no participé del Comité de Crisis, cuando existen documentos oficiales que indican que la Cancillería no formaba parte de dicho Comité. Reitero, existen actas certificadas, escritos y documentos es decir, todos los elementos probatorios que desmienten sus aseveraciones.

Usando solo estos dos ejemplos anteriores, se puede constatar claramente que sí informé periódicamente a esta Asamblea, y que oficialmente nunca fui convocada ni formé parte del Comité de Crisis, ya que su objetivo era tratar temas de carácter operativo que correspondían a seguridad, inteligencia y defensa, asuntos que ampliaré más adelante.

La misma Comisión de Fiscalización a lo largo del Informe reconoce la falta de valor probatorio de los documentos entregados por los acusantes, pero luego, de manera inexplicable y contradiciendo sus propios argumentos en sus conclusiones, recomienda este enjuiciamiento. Esto es un hecho que se contrapone a la lógica, además de ser anti-jurídico.

A esto se suman, las notas de prensa entregadas como supuestas pruebas de descargo por parte de los asambleístas proponentes, la Comisión de Fiscalización indica claramente en la

página 41 de su Informe que abro comillas “[…] se determina que las notas de prensa carecen de valor probatorio y en especial para efectos del presente informe, debido a que reflejan la existencia de la información publicada por el medio de comunicación social, más no la veracidad de su contenido, ya que la misma está sujeta a rectificación y réplica conforme lo establecen los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Por tanto, los recortes de prensa no dan fe de la ocurrencia de los hechos sino de la existencia de la noticia y no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos”. Cierro comillas.

Otro ejemplo de varios que pueden encontrarse en el Informe de la Comisión de Fiscalización y que se contradice luego en sus conclusiones recomendando este juicio, se puede leer en su página 42, donde se señala que:

Abro comillas “El asambleísta Manuel Simbaña presentó como prueba de cargo, documentación certificada de movimientos migratorios de la ex Canciller del Sistema Migratorio Ecuatoriano; documentación que no constituye prueba de incumplimiento de una función constitucional o legal por parte de dicha autoridad” Cierro comillas.

Señores y señoras Asambleístas,

En síntesis, el propio Informe de la Comisión de Fiscalización reconoce expresamente que NO he incumplido mis funciones en los temas que son objeto de este enjuiciamiento, pero al final recomienda la procedencia del juicio, en contradicción con sus propias aseveraciones. El Informe no toma en cuenta ninguno de mis argumentos, obvia todas las pruebas presentadas en mi defensa, a pesar de su contundencia. El Informe atenta, por tanto, y muy claramente, contra mi derecho al debido proceso y a una legítima defensa.

A pesar de que se han obviado los argumentos y pruebas presentados en mi defensa, el Informe establece algunas conclusiones relevantes que desmienten las aseveraciones de los promotores del juicio en mi contra, aún cuando después son obviadas en la procedencia de este enjuiciamiento.

Entre ellas señalo las siguientes:

  1. El Informe desestima las pruebas escritas entregadas por los promotores de este juicio (páginas 41 y 42), tal como se ha señalado antes.
  2. El Informe reconoce que al aplicar el artículo 34 de la Convención de Ginebra en el caso de la naturalización de Julian Assange, he cumplido plenamente con mis funciones, y con ello, he asegurado el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, al asegurar la asimilación de la persona internacionalmente protegida. Esto está recogido en la página 49 del Informe.
  3. El Informe señala que queda demostrado que brindé cumplimento a la normativa internacional que forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, en cuanto a la protección brindada al asilado y al cumplimento del principio de NO devolución. Esto lo pueden leer en la página 50.
  4. El Informe desmiente la acusación de que no he establecido coordinaciones de seguimiento a la situación de la frontera y la crisis de los secuestrados, cuando señala, entre otras cosas, en su página 97 la activación de los mecanismos 3+2 en materia de seguridad y defensa y reconoce las acciones desarrolladas.
  5. Sobre la acusación de incumplimiento de mis funciones en relación a los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela, el Informe concluye en la página 45, que todas las acciones permiten establecer que la ex Canciller designó el personal necesario para que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos residentes en Venezuela sean atendidos por el personal suficiente, descartando todos los argumentos de los acusantes.
  6. A pesar de todos estos señalamientos, inexplicablemente, el Informe recomienda este enjuiciamiento, sin ningún argumento que lo sustente.

Señores y señoras Asambleístas,

Como se verá en el análisis de cada uno de los tres temas de este enjuiciamiento, la desestimación de los argumentos y evidencias presentadas de mi parte, han impedido mi derecho constitucional a una justa defensa. Solo este hecho debería ser argumento suficiente para desestimar este proceso.

El informe de la Comisión carece de elementos profesionales, técnicos, políticos y jurídicos probatorios, para que sea considerado un documento serio para el debate de la más importante Función del Estado.

Los asambleístas acusadores incorporaron un compendio de artículos de normas y enunciados doctrinales sin establecer un análisis riguroso, que ponga en cuestión mis funciones como ex Canciller.

Este juicio político no es más que el punto culminante de una campaña de persecución política y odio, que inició en enero de 2018, con el objetivo de conseguir mi destitución como Canciller, y menoscabar la gestión emprendida por llevar adelante una política exterior en estricto apego a la Constitución, a las leyes nacionales, al derecho internacional y a un plan de gobierno endosado en las urnas en el año 2017.

Esta campaña de ataques sistemáticos duró varios meses, y a partir del mes de febrero de 2018, cuando se anunció mi candidatura internacional, tuvo como propósito central impedir mi elección como Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta campaña de persecución desembocó en la presentación de esta solicitud de juicio político que hizo el Partido Social Cristiano y el Movimiento CREO, el 31 de mayo de 2018, cinco días antes de la elección de la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Difícilmente se puede explicar que ciertos actores políticos hayan orquestado una campaña en contra de una compatriota que, en representación del país, ocuparía el cargo de más alto rango en la Organización más importante del sistema internacional. Esta actitud solo se puede calificar de mezquina y anti- nacionalista.

Como todos conocen, un día como hoy, 5 de junio de 2018, fui electa Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas por 128 votos de un total de 193 Estados, en representación del Estado y del pueblo ecuatoriano.

Quisiera recalcar ante este Pleno de la Asamblea Nacional, en el que se encuentran 54 asambleístas mujeres, que también fui elegida en representación de las mujeres ecuatorianas, como la cuarta mujer en los 73 años de historia de las Naciones Unidas y como la primera mujer de América Latina y el Caribe en liderar la Asamblea General de esta Organización.

Mi elección como Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas es un reconocimiento a la política exterior del Ecuador en su historia reciente, que hemos construido junto a muchos de ustedes en los últimos años. Esta política ha estado marcada por su claro compromiso con la soberanía y autodeterminación de los pueblos, por sus aportes significativos a la integración mundial y regional, así como de los pueblos del Sur, por sus iniciativas novedosas para combatir el cambio climático y en defensa de la naturaleza, por su reconocido modelo de defensa y materialización de los derechos de las personas con discapacidad, por sus creativas e innovadoras propuestas para el diseño de una nueva arquitectura financiera internacional, que haga frente a los desafíos climáticos y sociales de un mundo globalizado.

Señor Presidente,

Como servidora pública, estoy sujeta a rendir cuentas de mi gestión, como lo hice siempre, en mis puntuales y completos informes a la ciudadanía y a esta Asamblea, en el marco de la Constitución y las Leyes pertinentes. Toda la información relativa a mi gestión relacionada con los tres casos de esta este enjuiciamiento político, fue entregada y presentada en su tiempo tanto en la Comisión Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, el 18 de enero y el 24 de abril 2018, como en el Consejo de Administración Legislativa, el 21 y 29 de mayo de 2018 y en reuniones multipartidistas organizadas sobre asuntos específicos. Todos estos informes fueron debidamente recibidos por estas instancias de la Asamblea Nacional, aceptados e incluso felicitados en algunas ocasiones. Las y los asambleístas que estuvieron presentes en estas comparecencias, pueden dar fe de esta realidad.

Sin embargo, simplemente estas comparecencias son obviadas, no se mencionan y además se señala taxativamente que no informé a la Asamblea sobre mis gestiones. Este y otros hechos constituyen una verdadera transgresión de mi derecho a la defensa.

Esto representa la prueba más clara de que el objetivo central de esta iniciativa de enjuiciamiento no es analizar y evaluar el supuesto incumplimiento de funciones. El propósito fundamental de este juicio es sancionarme como ex Canciller, por haber llevado adelante una política exterior que resulta contraria a los intereses económicos y políticos de los partidos promotores de este enjuiciamiento.

Lo que no se puede defender y contrarrestar con ideas, con pensamiento crítico, con valores éticos y humanistas, se enfrenta con linchamiento mediático, con insultos y acoso. Es una práctica deplorable que lesiona los valores democráticos y nuestro sistema político.

Señoras y señores Asambleístas,

Debo señalar una vez más que, ejercí mis funciones de Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en estricto apego a la Constitución, a las leyes, a las prioridades y a las orientaciones de la máxima autoridad de gobierno, que es el Presidente de la República.

Permítanme ahora referirme de manera específica a cada uno de los temas por los que se me acusa de un supuesto incumplimiento de funciones.

Primero: sobre el supuesto incumplimiento de funciones en la situación de ciudadanos ecuatorianos residentes en Venezuela

Los promotores de este juicio señalan que he, abro comillas, “incumplido el principio de legalidad en la actuación de la administración pública, al hacer caso omiso a las competencias legalmente atribuidas a su cargo, lo que representaría un “grave incumplimiento de funciones” que causa daños al orden jurídico y a los ecuatorianos residentes en Venezuela” cierro comillas.

Esta aseveración es absolutamente desproporcionada y sin ningún sustento, ya que no se indica expresamente cómo he incumplido el principio de legalidad en la actuación de la administración pública. Corresponde a la transcripción de un enunciado que pretende darle supuesta seriedad a una acusación que no existe. Es, como ya he señalado, una ligereza y una falta de respeto a mí como ex funcionaria, a ustedes como legisladores y a esta Asamblea.

Se indica además que yo he, abro comillas, “inobservado la Constitución de la República, lo que por un lado determina su responsabilidad política, así como la Ley de Movilidad Humana que ordena al Estado ecuatoriano dar protección a los conciudadanos que se encuentren en cualquiera de las situaciones contempladas en dicho cuerpo administrativo, siendo la Cancillería la entidad responsable de cumplir y hacer esta la ley” cierro comillas.

Estas aseveraciones carecen de rigurosidad y argumentos de Derecho. A lo largo de más de un año de linchamiento y persecución política, ha sido evidente que el tema con nuestros compatriotas que viven en Venezuela ha sido utilizado como pretexto relacionado con un asunto más general, que consiste en lo que denominan en su acusación los asambleístas del PSC y CREO como abro comillas “posición sesgada por no firmar la Declaración de Lima sobre Venezuela” cierro comillas.

En sus alegaciones sobre este tema, los acusadores señalan textualmente el siguiente argumento, abro comillas, “[…] se puede sostener que la funcionaria ha exhibido una actitud parcializada hacia el gobierno de Venezuela y sus políticas de afectación a los Derechos Humanos, al abstenerse a votar en conformidad con la posición de los demás Estados Americanos en la Declaración de Lima de agosto de 2017 […]” cierro comillas.

En este punto conviene regresar a las consideraciones y argumentos expuestos en la respuesta que presenté ante la Comisión de Fiscalización, donde se analiza con detenimiento el estricto apego de mi gestión a los principios constitucionales que deben regir la política exterior del Ecuador.

La Constitución, en su artículo 416, establece entre los principios generales que guían las relaciones internacionales de nuestro país: la independencia e igualdad jurídica de los Estados; la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos; defiende la solución pacífica de las controversias y de los conflictos internacionales; y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos; condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier otra forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar, entre otros.

En su momento, expresé que el principio de no injerencia, no quiere decir indiferencia. Venezuela es un hermano país latinoamericano y el Ecuador, en mi período como Canciller, sostuvo siempre que la única salida a la crisis venezolana era la vía pacífica, de diálogo y la negociación con miras a un proceso de reconciliación nacional que beneficie a todos los venezolanos.

Siempre me manifesté de esta forma y en apoyo al pueblo venezolano. Esta posición fue además respaldada y sostenida hasta hoy, por muchos países de la región y del mundo, y por la Organización de las Naciones Unidas. Incluso, en estos mismos días, se han hecho públicos los diálogos sostenidos, en Noruega, entre el Gobierno venezolano y la oposición, como única opción posible para resolver la crisis en el país hermano. Esa fue mi posición en nombre del gobierno ecuatoriano.

Los acusantes no han podido ofrecer ni una sola prueba que demuestre mi supuesta “posición sesgada”.

No se puede señalar que nos “abstuvimos a votar” en la Declaración a la que hace referencia la solicitud de enjuiciamiento. Esta aseveración refleja un desconocimiento de los procesos internacionales, de su contenido y alcance. Ecuador NO acudió a un evento donde algunos países suscribieron una Declaración. De acuerdo a los principios constitucionales y a la política exterior dispuesta en ese momento, por el Jefe de Estado, nuestro país decidió NO asistir a ese encuentro convocado en Lima por un grupo de gobiernos, ya que se consideró que el propósito del encuentro era contrario a nuestro ordenamiento jurídico nacional y a nuestra política internacional.

Si la política exterior del Ecuador cambió de rumbo, cuando renuncié a mi función de Canciller, fue una decisión del Gobierno y del Presidente. Sin embargo, eso no le otorga al Partido Social Cristiano y al Movimiento CREO, ni el sustento ni la razón de perseguir políticamente a un ex ministro, que ejerció su rol de acuerdo a la política exterior de ese momento, especialmente si esta política estaba apegada a los principios que rigen las relaciones internacionales del Estado.

El Artículo 424, sobre la supremacía constitucional, establece que “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” Por tanto, cualquier política que se oponga al contenido de nuestra Constitución, sería ilegítima e inconstitucional.

Sobre nuestros compatriotas que residen en Venezuela, los acusantes no han ofrecido argumentos que demuestren que no se les ofreció el apoyo y la protección necesarias. Debemos recordar que Venezuela recibió a miles de ecuatorianos que tuvieron que emigrar de manera forzada, en busca de oportunidades y un futuro mejor para ellos y para sus familias, para sobrevivir a la crisis producida, entre otros factores, por el feriado bancario, generada por los mismos partidos que hoy me acusan de supuesto incumplimiento de funciones.

Señor Presidente, son precisamente estos partidos políticos, los causantes de la mayor migración de la historia de nuestro país, los que hablan de una falta de atención a nuestros migrantes en mi rol como Canciller.

Durante toda mi gestión prioricé la atención a todos los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Les aseguro que el apoyo a nuestros compatriotas en Venezuela fue siempre una prioridad.

Durante mi gestión, según informes de Cancillería en ese momento, se estimó que 200.000 ciudadanos ecuatorianos residían en Venezuela. De estos, 37 se encontraban en condición de vulnerabilidad por su estado de salud, a quienes se les brindó el seguimiento y apoyo necesarios. Se atendieron 6 casos de repatriación de cadáveres y 32 casos de retornos asistidos. Realicé estas actividades de manera regular, tal como lo hicimos en atención a los ecuatorianos que residen en cualquier país del mundo, pero con especial énfasis en nuestros compatriotas en Venezuela, por la difícil situación de ese país.

Permítanme enumerar las acciones más importantes de atención a los ecuatorianos residiendo en Venezuela. Debo aquí insistir que ninguno de mis argumentos y pruebas han sido tomadas en cuenta en las conclusiones de la Comisión.

Las acciones más importantes que impulsé fueron las siguientes:

  1. Dispuse la elaboración de un instructivo de actuación para la atención de dificultades o impedimentos en el retorno de compatriotas desde Venezuela al Ecuador. Dicho instrumento fue implementado de manera inmediata por los Consulados del Ecuador en Caracas y Valencia.
  2. Designé el personal necesario para la atención de nuestros compatriotas desde los diferentes Consulados en Venezuela, para fortalecer el apoyo a nuestros conciudadanos.
  3. A través de las oficinas consulares, instruí conservar actualizado el Registro Único de Ecuatorianos en Venezuela, para mantener un mejor contacto y atención con nuestros compatriotas.
  4. Dispuse se amplíen los Consulados Móviles en el territorio venezolano, para extender los servicios consulares en ese país, tales como: cedulación, actos notariales, emisión de pasaportes y visados, cambios de domicilio electoral y atención de casos de vulnerabilidad, entre otros.
  5. Dispuse que se continúe con la actualización periódica del listado de ecuatorianos privados de libertad, así como la visita a cada uno de ellos, para conocer su condición física y situación legal.

Cabe señalar que todas estas acciones han sido corroboradas en las versiones de los representantes diplomáticos del Ecuador en Venezuela, específicamente el ex Embajador, Rafael Quintero, y el Cónsul del Ecuador en ese país, Victor Argoti.

En cuanto a la situación de los ciudadanos ecuatorianos residentes en Venezuela, el propio Informe de la Comisión de Fiscalización reconoce en su página 43, lo siguiente:

Abro comillas. “[…] Mediante oficio el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, remitió a la Comisión copias certificadas de Informes de gestión de la Embajada del Ecuador en Venezuela y de los consulados de Caracas y Valencia en los periodos comprendidos entre mayo 2017 y mayo 2018, indicando que estos informes de gestión contienen las acciones realizadas por el cónsul en beneficio del Ecuador y de las y los ecuatorianos residentes en Venezuela. Así, el informe refleja haber llevado a cabo acciones […] relacionamiento con los consulados; relacionamiento con la comunidad ecuatoriana, relaciones político- diplomáticas con autoridades de otros Estados, políticas de promoción cultural, [….]”. Cierro comillas.

A continuación, en la misma información remitida por el Canciller Valencia, específicamente, en los Informes de Gestión 2017 y 2018 del Consulado del Ecuador en Caracas, se menciona en la página 43 lo siguiente: abro comillas:

“[…] se ha logrado incrementar el acceso a servicios migratorios y consulares en el exterior, mediante el mejoramiento en la calidad de atención al migrante; se ha reducido la vulnerabilidad de la comunidad migrante mediante la protección de sus derechos e intereses instaurando un Plan de Regularización para ciudadanos ecuatorianos, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería regularizando a 228 ciudadanos residentes en Venezuela. Así mismo, se ha implementado el Proyecto de Asesoría Legal para ecuatorianos privados de la libertad;

[…] se logró que 7.000 ecuatorianos ejerzan su derecho al voto, regulación en solo dos meses de 140 ecuatorianos que se encontraban viviendo en Venezuela de forma irregular; realización de 15 consulados móviles acercando la oficina consular a los ciudadanos; creación de la Red de Mujeres Voluntarias para Grupos de Atención Prioritaria de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela; creación del Registro de Casos de Vulnerabilidad para atención ante entidades locales; consolidación de una base de datos de ciudadanos ecuatorianos en condición migratoria irregular, para resolverlos; establecimiento de la Red de Apoyo Interinstitucional para promover la mejor calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela, etc.” Cierro comillas.

Estas son todas las acciones emprendidas por el Servicio Exterior ecuatoriano, bajo mi dirección, que desmienten categóricamente y dejan sin sustento, la acusación que se me hace en esta recomendación de enjuiciamiento. Esto lo evidencia la propia Comisión al señalar, de forma expresa, en la página 45 del Informe, que: Abro comillas “Estas acciones de personal, permiten establecer que la ex Canciller designó el personal necesario para que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos residentes en Venezuela sean atendidos por el personal suficiente”. Cierro comillas.

Es decir, solo esta aseveración es suficiente para concluir que las acusaciones en este tema son absolutamente infundadas.

Sin embargo, aún cuando la propia Comisión de Fiscalización concluye con este análisis, al final recomienda todo lo contrario a sus propios hallazgos, dando paso a este enjuiciamiento político por una supuesta falta de atención a los ciudadanos ecuatorianos residentes en Venezuela. Esto representa una grave falta al debido proceso y a mi derecho a la defensa. Representa una decisión contraria a la lógica, al derecho y a la razón.

Señoras y señores Asambleístas,

En consecuencia, solicito que el Pleno tome en consideración los argumentos presentados, las inconsistencias claramente demostradas en el Informe de la Comisión de Fiscalización, la documentación probatoria, así como las versiones de los funcionarios directamente encargados de ejecutar mis instrucciones relativas a este asunto.

Segundo tema: sobre el secuestro de los periodistas y el conflicto de seguridad en la frontera norte

Señores y señoras Asambleístas,

Estoy segura de que Ustedes podrán imaginar lo difícil y desconcertante que es para mí cuando en cualquier espacio político, académico o personal me preguntan sobre este juicio y sobre este tema en particular, y me consultan si este caso se debe a que fui Ministra de Defensa hace algunos años; o si yo he tenido alguna función a cargo de los órganos de interior o inteligencia; o si yo hice o dejé de hacer algo que desató el secuestro y el terrible asesinato del equipo periodístico.

Los asambleístas que han motivado este pedido de juicio político pretenden responsabilizarme ante la opinión pública de un acontecimiento trágico para nuestro país, como fue la desaparición y asesinato de nuestros tres compatriotas del equipo periodístico del diario El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en Colombia.

Esta acusación desconoce las funciones y atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al cual le corresponde, como lo establece el Estatuto Orgánico de la Cancillería: Abro comillas “Ejercer la rectoría de la política exterior y de movilidad humana, gestionando y coordinando la inserción estratégica y soberana del Ecuador en la comunidad internacional, la integración regional, la atención consular y migratoria para garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana”. Cierro comillas.

Los acusantes y el Informe de la Comisión de Fiscalización indican que: abro comillas “tras el secuestro de los miembros del equipo periodístico de diario ‘El Comercio’, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con la señora María Fernanda Espinosa al frente, en su calidad de ministra y miembro del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, tenía la obligación preponderante de enfrentar dicho conflicto”. Cierro comillas. Esto da a entender y concluye que no lo enfrenté.

Está ampliamente demostrado en mis argumentos y pruebas presentadas a la Comisión de Fiscalización que, desde el ámbito de mis competencias e incluso más allá de ellas, enfrenté esta situación como correspondía.

Señor Presidente, señores y señoras Asambleístas,

Es de dominio público que ni al Presidente de la República, ni a los ex Ministros de Defensa e Interior, directamente responsables de los temas de seguridad y defensa, se les ha iniciado un enjuiciamiento político por este tema. Es incomprensible que se pretenda responsabilizar a una ex Canciller de asuntos que no son de su competencia y que están totalmente fuera de su mandato y control.

Debo reiterar una vez más, que como Canciller siempre aseguré la gestión y coordinación de la política internacional del Ecuador, manteniendo y fortaleciendo las buenas relaciones entre Ecuador y Colombia, a través de los gabinetes binacionales establecidos desde el año 2012; mediante reuniones de expertos y mandos militares y policiales en zonas de frontera; asegurando el canal diplomático para el intercambio de información en los ámbitos de seguridad y defensa, entre otros mecanismos implementados y ejecutados de manera permanente; así como el apoyo y acompañamiento necesario a las familias afectadas frente a este trágica situación.

En ninguna parte del Informe de la Comisión y de las aseveraciones de los asambleístas de CREO y el PSC, se establecen pruebas de cargo que sustenten el supuesto incumplimiento a las obligaciones que, de acuerdo a la Constitución y a la Ley, me correspondían en la situación de inseguridad de nuestra frontera con Colombia.

Como se podrá ver a continuación, coordiné y dirigí más de 50 acciones estratégicas relativas a la situación en la frontera norte y los lamentables secuestros y asesinatos de militares y periodistas.

A continuación permítanme responder a cada una de las acusaciones que se me imputan.

A. Se señala que una de mis principales omisiones radicó en, abro comillas, “la falta de comunicación con el Ministerio de Defensa Nacional”. cierro comillas. Los promotores del juicio indican además que, abro comillas, “no existe evidencia de la aplicación de una estrategia integral entre esos dos ministerios, tanto para el tratamiento del secuestro, un posible rescate y una negociación (sic.) para el retorno de nuestros nacionales”. Cierro comillas.

  • Debo señalar que como Canciller mantuve una comunicación fluida y permanente con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior alrededor de los hechos más críticos que se presentaron en la frontera norte.Trabajé en el fortalecimiento del mecanismo de gabinetes binacionales del que forma parte el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, e impulsé el trabajo de coordinación del Sector Seguridad y Defensa a través de la Comisión Binacional Fronteriza (denominada COMBIFRON) y de la activación del mecanismo 3+2, que es el espacio de coordinación de Ministros de Defensa, Interior y de Relaciones Exteriores del lado ecuatoriano y Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores del lado colombiano, bajo la coordinación de ambas cancillerías.
  • Desde que asumí la Cancillería, las relaciones vecinales constituyeron una de mis prioridades, y muy especialmente las relaciones con Colombia, por el conflicto interno de varias décadas que enfrenta ese país y que genera inestabilidad en nuestra frontera norte.Es por ello que desde el mes de enero de 2018 hasta la fecha del secuestro, yo había emprendido una serie de acciones dirigidas a una mayor articulación interinstitucional para la frontera norte, y una coordinación más estrecha con nuestras contrapartes colombianas para el desarrollo y la seguridad fronteriza. Eso es lo que me competía como Canciller.
  • De forma particular, es importante enumerar las siguientes acciones que no son recogidas en el Informe de la Comisión de Fiscalización y que no son reconocidas por los promotores de este juicio y los medios que lo respaldan:
  1. Desde que conocí sobre el atentado en San Lorenzo, el 27 de enero de 2018, mantuve comunicación permanente con mi par de Colombia, María Angela Holguín, trasmitiendo la posición firme del Ecuador ante los hechos sucedidos, y demandando la corresponsabilidad del Estado colombiano, para que se incrementara su presencia y control de la zona fronteriza, ante el accionar de grupos organizados armados que operan desde su territorio y aumentan la inseguridad de las poblaciones fronterizas en el Ecuador. Este es el tipo de gestión que realiza un Canciller.
  2. La Cancillería como integrante del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, participó en 5 reuniones de este Consejo.Asistí personalmente a 4 de ellas: la primera el 31 de enero de 2018, y a partir del secuestro, asistimos el 28 de marzo de 2018, el 13 de abril de 2018 (asistió el Canciller Subrogante), el 17 de abril de 2018 y el 10 de mayo de 2018. En todos estos Consejos nuestro rol consistió en exponer las acciones político-diplomáticas relativas a las relaciones bilaterales, situaciones fronterizas y asegurar las coordinaciones interinstitucionales necesarias, para fortalecer las relaciones con Colombia.
  3. Dispuse inmediatamente que la Embajada del Ecuador en Colombia se activara y trabajara en coordinación con los Agregados Militares y Policiales ecuatorianos en ese país, con el objetivo de fortalecer los canales diplomáticos de coordinación y comunicación necesarios entre ambos Estados.
  4. El 14 y 15 de febrero de 2018, en la ciudad de Pereira-Colombia, convoqué a y coordiné el Encuentro Presidencial y el VI Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. Dispuse celebrar reuniones interinstitucionales previas en el Ecuador, en preparación para este Gabinete.
  5. En el Gabinete Binacional se revisaron los acuerdos binacionales y
  6. El 14 de febrero, atendiendo mi iniciativa y solicitud, se activó el mecanismo 3+2 antes mencionado (de ministros de defensa e interior y cancilleres de ambos países).En dicha reunión se acordó estrechar la colaboración y el intercambio de información entre mandos policiales y militares en la zona fronteriza, establecer acciones más efectivas de coordinación, e incrementar la presencia y control colombiano en la zona. Este mecanismo se encontraba bajo mi coordinación en el Ecuador y en Colombia bajo mi contraparte, María Ángela Holguín.
  7. Bajo mi dirección, mediante gestiones en diferentes niveles, insistimos a Colombia sobre la importancia de reforzar su control en la zona fronteriza a fin de evitar el escalamiento de acciones violentas en contra del Ecuador, su población y sus fuerzas militares y policiales.Muestra de estas gestiones es la respuesta del entonces Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la que señala en una declaración pública que van “…a fortalecer la seguridad de la frontera y tengan la seguridad de que el responsable de ese ataque, que condenamos en todas las formas y en todo sentido, ese personaje lo vamos a capturar”.
  8. El 20 de marzo de 2018 presenté una firme comunicación mediante nota diplomática dirigida a la Canciller de Colombia, ante los ataques en frontera que continuaban poniendo en grave riesgo la vida e integridad de nuestros ciudadanos; manteniendo la exigencia de mejorar el control desde Colombia para evitar el escalamiento de la violencia que desbordaba en territorio ecuatoriano y podría poner en riesgo la vida e integridad de las poblaciones civiles vulnerables de ambos países.
  9. El mismo 20 de marzo, también propuse a la Canciller de Colombia una Declaración Conjunta de ambos Presidentes. La Declaración fue aceptada por Colombia y en ella ambos Jefes de Estado condenaron firmemente los actos suscitados en la Zona de Integración Fronteriza y reafirmaron su compromiso para combatir coordinadamente a los
  10. Uno de los objetivos más importantes de mi gestión fue fortalecer los canales diplomáticos entre Ecuador y Colombia para el trabajo de coordinación del sector seguridad y defensa, a través de la Comisión Binacional Fronteriza.Impulsé dos encuentros de este mecanismo. Uno el 24 de marzo de 2018 en la ciudad de Tulcán y otro el 17 de abril de 2018 en la ciudad de Quito.
  11. El rol de la Cancillería en estos espacios es servir de canal diplomático y facilitar los diálogos entre las instancias operativas y de inteligencia de los organismos de seguridad y defensa de Ecuador y Colombia. Los acuerdos que se adoptaron en dichas reuniones fueron: la presencia sostenida de fuerzas militares en la zona de frontera; cooperación y coordinación de actividades de Ecuador y despliegue de fuerzas militares y policiales de Colombia para combatir grupos organizados armados; el fortalecimiento de acciones coordinadas en la línea de frontera; la capacitación de personal ecuatoriano en Colombia;
    la realización de controles conjuntos y la implementación de puestos de frontera en El Pan y Mataje. Por parte de las Fuerzas Armadas, se acordó intensificar el intercambio de información e inteligencia, el establecimiento de unidades militares en sitios sensibles y la transferencia de capacidades tácticas.

Señores y señoras Asambleístas,

Desde el 27 de enero de 2018, fecha del atentado en San Lorenzo, hasta el 26 de marzo, día del secuestro del equipo periodístico, yo había ejecutado ya todas las acciones antes descritas dirigidas a fortalecer las coordinaciones interinstitucionales y la seguridad y desarrollo fronterizo.

Todos los mecanismos de coordinación y articulación de seguridad y defensa, así como aquellos dirigidos al desarrollo de la zona fronteriza, continuaron funcionando de forma permanente bajo mi dirección después del secuestro. Adicionalmente dirigí y ejecuté, de forma directa, todas las acciones posibles en el campo político-diplomático que una Canciller podía emprender, en atención a una situación de emergencia.

Respecto a las operaciones de rescate, es muy importante que los asambleístas acusadores conozcan que la coordinación e intervención operativa en un proceso de negociación en el caso de un secuestro, le corresponde a los órganos de seguridad, defensa e inteligencia, sin perjuicio de las acciones en el ámbito judicial. Por ello, cuando se estableció el Comité de Crisis, la Cancillería nunca formó parte del mismo.

Su espacio de acción es otro. Una Cancillería se encarga de las relaciones político – diplomáticas en los espacios y acciones antes expuestas, como podrán constatar en el siguiente detalle:

Estimados Asambleístas,

B. Se me acusa de, abro comillas, “irresponsabilidad frente a los ecuatorianos en especial a los habitantes de la zona norte, los familiares de los periodistas secuestrados y asesinados y de la pareja ecuatoriana que permanece plagiada”. Cierro comillas.

  • Estas aseveraciones son claramente malintencionadas y se limitan a juicios de valor, sin ningún argumento o prueba. Como correspondía a mi función de Canciller,
    me encargué de la organización de los gabinetes binacionales, el trabajo permanente de la Comisión Binacional Fronteriza de la cual ya he hecho referencia, de las coordinaciones interinstitucionales entre los dos Estados, la movilización de la comunidad donante para apoyar el desarrollo fronterizo, entre otras acciones directamente relacionadas con los habitantes de la frontera.
  • En atención a la acusación de la falta de atención a los familiares del equipo periodístico secuestrado, a partir del 26 de marzo, fecha del secuestro, así como al seguimiento que realicé a diario a este tema, quisiera detenerme y exponer las acciones más importes que emprendí de forma directa.

Deseo compartir con Ustedes que el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico ecuatorianos, ha sido tal vez el hecho más triste y difícil que me ha tocado enfrentar en mi función de servidora pública. Fue precisamente a mí, en mi rol de Canciller, y al encontrarnos en la Ciudad de Lima, a quien le correspondió trasmitir la triste noticia del asesinato a los familiares. Yo conozco el dolor inmenso que representa perder un ser querido.

Desde el día del secuestro me encargué de asegurar todas las acciones diplomáticas a mi alcance, y participé de todos los mecanismos de coordinación internos de gobierno, dispuestos para enfrentar esta crisis. Las principales acciones, que voy a presentar de manera resumida, y que ustedes tienen de manera detallada en la Respuesta que remití ayer, fueron las siguientes:

12. El 26 de marzo de 2018, las autoridades del Ministerio del Interior, a cargo del Consejo Sectorial de Seguridad, informaron sobre el secuestro. De inmediato, por iniciativa del Ministerio del Interior se conformó un Comité de Crisis, del cual NO formó parte la Cancillería, integrado exclusivamente por entidades de seguridad, defensa y justicia: Ministerio de Defensa, la Comandancia de Policía, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado.

De conformidad con los protocolos establecidos por las instituciones de seguridad, el Comité de Crisis manejó de manera directa y reservada el contacto y las negociaciones orientadas a liberar a los secuestrados. Insisto en señalar que la Cancillería no formó parte de este Comité de Crisis.

13. Un día después de conocido el secuestro, el 27 de marzo de 2018, convoqué a los Embajadores de la Unión Europea, les informé sobre la situación en la frontera norte y les exhorté a incrementar la cooperación internacional en el campo de desarrollo y de protección de derechos para la población de esta zona.

14. Entre el 28 de marzo y el 6 de abril, mi seguimiento a este tema fue permanente en llamadas diarias a mi homóloga colombiana, María Angela Holguín, para conocer los reportes de los organismos de seguridad de ese país en la ubicación y seguimiento a los secuestradores.

15. En estas fechas, acordé el encuentro entre los Presidentes de Ecuador y Colombia en la ciudad de Lima, en el marco de la Cumbre de las Américas,

para exigir a Colombia esfuerzos suplementarios para lograr la liberación de los secuestrados y un pronunciamiento público de reconocimiento sobre la localización de los mismos.

16. En estas mismas fechas, realicé personalmente las coordinaciones para concretar una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exponer la situación de la frontera y el secuestro.

17. El 10 de abril de 2018 recibí en mi despacho a algunos de los familiares y colegas del equipo periodístico secuestrado. Reiteré el compromiso del Gobierno del Ecuador para alcanzar la liberación de los ciudadanos ecuatorianos. Con tal fin, designé al entonces Director de América del Sur, embajador Andrés Terán, como punto focal de contacto con las familias.

18. El 11 de abril, de conformidad a lo solicitado en la reunión del día anterior, bajo mi instrucción a los equipos de la Cancillería y a la Embajada del Ecuador en Perú, coordinamos y aseguramos el viaje de los familiares de los periodistas a ese país. Facilitamos la organización de reuniones, así como todo el apoyo logístico necesario para viajes, estadía, movilización y transporte para sus encuentros en el marco de la Cumbre de las Américas.

19. El 12 y 13 de abril de 2018, en el marco de la Cumbre de las Américas, sostuve reuniones con la Canciller de Colombia para coordinar la visita al Ecuador del Ministro de Defensa y del Alto Mando Militar de Colombia y para evaluar la crisis de la frontera y la situación de los secuestrados. El Gobierno de Colombia dispuso el viaje inmediato hacia el Ecuador del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto al Comandante General de las Fuerzas Armadas, Gral. Alberto Mejía y del Director General de la Policía Nacional de Colombia, Gral. Jorge Nieto.

20. El 12 de abril de 2018, en Lima, se nos informa del trágico asesinato del equipo periodístico. Luego de comunicar personalmente a los familiares de este terrible acontecimiento, inmediatamente organizamos su retorno al Ecuador.

La decisión política tomada por el Presidente de la República fue trasladarse personalmente a Quito, y me dispuso representar al país en la Cumbre de las Américas y mantener una reunión con el entonces Presidente Santos y la ex Canciller Holguín, y además, lograr una declaración política de respaldo al Ecuador ante estos fatales acontecimientos en el marco de esta Cumbre.

21. Antes de su retorno al Ecuador, coordiné una reunión entre el Presidente Moreno y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para analizar la situación de violencia en la frontera norte de Ecuador, y especialmente para coordinar acciones relacionadas con la trágica situación del equipo periodístico de El Comercio.

22. El 13 de abril, sostuve una reunión con el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos en Lima, para coordinar acciones urgentes para exigir la corresponsabilidad de dicho país y convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el 20 de abril. Como resultado de estas gestiones, el Presidente Santos reconoció públicamente que los hechos ocurrieron en territorio colombiano, se comprometió a apoyar las acciones humanitarias requeridas. Hasta entonces Colombia no había reconocido el lugar del asesinato.

23. El 13 de abril me reuní en Lima con el Jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Philippe Guinand, para iniciar la coordinación de acciones humanitarias inmediatas en la recuperación de los cuerpos de los compatriotas asesinados.

En ese marco, en Lima se suscribió y entregó el documento habilitante de solicitud de intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja.

24. Posteriormente, el 14 de abril, el Ministerio del Interior firmó el protocolo de seguridad para facilitar una posible operación de recuperación de los restos mortales. En este marco, sostuve comunicación personal y permanente con el representante de la Cruz Roja en Colombia para hacer seguimiento a sus acciones.

25. Igualmente, el 13 de abril, me reuní en Lima con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para explicar la situación de la frontera y del equipo periodístico secuestrado y asesinado, sobre quienes el organismo había activado medidas cautelares. En la reunión, la Comisión ofreció su solidaridad al Ecuador.

26. Asimismo, durante mi permanencia en Lima, instruí al equipo de Cancillería el apoyo y acompañamiento a las familias de los tres compatriotas asesinados, en reuniones bilaterales que pedí coordinar con la delegación colombiana a la Cumbre de las Américas y con organismos de derechos humanos.

27. El 14 de abril, en la Cumbre de las Américas, logramos que todos los países del hemisferio emitan una declaración en la que expresaron su solidaridad con la familia del equipo periodístico, el pueblo y el Gobierno del Ecuador, ante estos actos de violencia.

28. El 16 de abril, el Jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Philippe Guinand, me confirmó la disponibilidad del CICR para brindar asistencia y recuperación de los cuerpos.

29. El mismo 16 de abril, instruí a la Representación Permanente del Ecuador ante la OEA en Washington, realizar gestiones para facilitar el cumplimiento de la agenda planificada por los familiares durante su visita a esa ciudad, ante instancias de esta Organización. Apoyamos en la coordinación del viaje y reuniones de los familiares en la OEA.

30. Del 17 al 19 de abril de 2018, coordinamos una nueva sesión de la Comisión Binacional Fronteriza entre Ecuador y Colombia, en las ciudades de Quito y Esmeraldas.

31. El 17 de abril de 2018, frente al secuestro de los ecuatorianos Katty Velasco y Óscar Villacís, originarios de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, insistí a Colombia que asumiera el control total de su zona fronteriza, y que garantizaran que los grupos organizados armados no realicen ataques en territorio ecuatoriano.

32. Reiteré nuestra demanda al cumplimiento de los compromisos acordados en las pasadas reuniones del mecanismo 3+2 y la COMBIFRON.

33. De acuerdo a mi solicitud, el 20 de abril de 2018 se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se aprobó, por aclamación, una declaración de respaldo y reconocimiento a la acción de Ecuador para combatir el crimen organizado en la zona de la frontera norte ecuatoriana.

34. El mismo día, mantuve una reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Nuestro equipo de la Cancillería coordinó también el encuentro entre los familiares del equipo periodístico y la Canciller de Colombia. Finalmente, sostuve un encuentro con el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, sobre el pedido de los familiares para la conformación de una comisión internacional de investigación.

35. El 21 de abril, los familiares del equipo periodístico solicitaron a Cancillería su apoyo para conformar un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue, transparente y vigile la información relacionada al secuestro. La respuesta de apoyo fue entregada de forma inmediata y se iniciaron los contactos necesarios.

36. El 25 de abril, coordiné un encuentro a través de videoconferencia entre la delegación del CICR en Colombia y los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio.

37. El 27 de abril se realizó una reunión entre la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Procuraduría y Cancillería; con el fin de facilitar y apoyar la creación de la comisión de investigación, de acuerdo al pedido de los familiares de las víctimas.

38. El 27 de abril de 2018, bajo mis instrucciones, la Embajada del Ecuador en Colombia dirigió comunicaciones al Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, al Obispo de Tumaco, al Ministro de Defensa y a la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; mediante las cuales agradecimos las expresiones de solidaridad y solicité conocer información respecto a las acciones de recuperación de los restos mortales.

39. El 2 de mayo, el equipo de la embajada del Ecuador en Bogotá, se reunió con Christoph Harnish, Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y su Jefe Adjunto, Christoph Vogt, para tratar sobre la recuperación de los cuerpos de las víctimas. Además, se envío la propuesta de garantías requeridas por la CICR para realizar el traslado de los restos mortales de los periodistas. También se reunieron con Roberto Menéndez, Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, MAPP-OEA.

40. Instruí al Representante Permanente ante la OEA en Washington, asistir al 168o período de sesiones de la CIDH, en Santo Domingo, República Dominicana; con el objetivo de mantener reuniones con los miembros de la CIDH y avanzar en las gestiones necesarias para la conformación de la comisión internacional.

41. El 8 de mayo, siguiendo mis instrucciones, representantes de la Cancillería asistieron a una reunión convocada por el Ministerio de Justicia con los familiares de las víctimas y acordamos facilitar su visita a Colombia. Instruí al Embajador de Ecuador en Colombia para que coordine la visita de los familiares y les brinde todas las facilidades que se requieran.

42. El 11 de mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó su decisión de atender nuestro pedido para la conformación de “un equipo de seguimiento con atención especial y diferenciada” sobre estos hechos.

43. Para el 16 de mayo de 2018, coordiné una reunión entre la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, con los presidentes de la Cámara y Senado colombianos. Por pedido de la Asamblea Nacional, esta reunión fue postergada para el mes de junio del mismo año.

44. Instruí a la Subsecretaría de Cooperación de la Cancillería establecer encuentros con organismos y agencias de cooperación, embajadas de países con las que se mantiene cooperación oficial, y con agencias del Sistema de las Naciones Unidas en el país, con el fin de asegurar una coordinación y alineación de las intervenciones de la cooperación que existen en el país, así como la búsqueda de nuevos recursos para el desarrollo de la frontera norte. Es así como el 4 de abril de 2018, establecí la Mesa de Cooperación Internacional de frontera norte, para complementar el trabajo que se venía realizando, con el fin de construir el Plan de Desarrollo Fronterizo y recoger las perspectivas de cooperación para el desarrollo en la zona por parte de los organismos y países de cooperación presentes en el Ecuador.

45. En esta misma línea, el 18 de abril de 2018 sostuve una reunión con 40 embajadores y representantes diplomáticos en Ecuador; así como 20 representantes de organismos internacionales acreditados en nuestro país, con el fin de informarles sobre la situación en la frontera norte y coordinar la cooperación internacional para garantizar la seguridad y el desarrollo integral de las poblaciones en la zona.

46. El 20 de abril participé como invitada especial en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 celebrada en Toronto (conformado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón, Italia y Reino Unido), en el marco de la Agenda de Paz y Seguridad, para informar sobre la situación en la frontera norte de Ecuador y los esfuerzos de nuestro país para asegurar el desarrollo y la paz en dicha zona.

Este es el espacio de coordinación intergubernamental, a nivel presidencial, de los 7 países considerados más desarrollados y fui invitada de manera excepcional.

47. De igual forma, establecí un grupo de trabajo de emergencia 24/7 bajo responsabilidad de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe, con el objetivo de monitorear y dar seguimiento a todos los hechos suscitados en la frontera norte. Este equipo a cargo del subsecretario y de los equipos de relaciones vecinales, trabajó de forma continua y a tiempo completo, asegurando el seguimiento a los hechos suscitados, reportándome y apoyándome en todo lo necesario para las acciones emprendidas.

De igual manera, dispuse a la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales el relacionamiento permanente con los organismos internacionales.

Señores y señoras Asambleístas,

Este sucinto listado de acciones refuta de manera contundente las aseveraciones relativas a la llamada “irresponsabilidad de la Canciller” frente a los ecuatorianos y en especial al manejo de la crisis en la frontera norte. Son más de 50 acciones ejecutadas desde el marco de mis competencias, en atención a la situación de seguridad de la frontera norte y a las relaciones bilaterales con Colombia, y que se vinculan de forma directa con el seguimiento a los secuestros y asesinatos de militares, civiles y periodistas ecuatorianos.

Es importante destacar que todas estas acciones señaladas corresponden al ámbito de mi competencia como Canciller, y a las acciones que política, internacional y humanamente se podían llevar a cabo en el marco de mis atribuciones.

Toda la documentación que respaldan estas más de 50 acciones reposan en la Secretaría General de la Asamblea Nacional desde la fecha de mi comparecencia ante el CAL, el 23 de mayo de 2018, razón por la cual, siempre estuvieron a disposición de los asambleístas promotores de este juicio.

Señor Presidente,

Los asambleístas acusadores señalan que la Canciller se excusó de comparecer alPleno, “so pretexto de su agenda previa”.

Se habla de “irrespeto y desacato hacia la Primera Función del Estado”. Además, se señala una supuesta “omisión ante el Legislativo del envío de información sobre su accionar en la crisis de frontera norte”.

  • Estas aseveraciones son tendenciosas y no corresponden a la verdad. El 14 de mayo de 2018, el Ministro subrogante en ese momento, Embajador José Luis Jácome, había comunicado a la Presidenta de la Asamblea Nacional que debido a compromisos adquiridos previamente, me encontraba en misión oficial en el exterior. Por esta razón, solicitamos un nuevo día y hora para acudir.
  • No asistí el día de la convocatoria al Pleno porque me encontraba cumpliendo agenda de Estado, previamente acordada con el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, para el encuentro de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica y Comercial con este país. Esta reunión se había planificado con mas de un año de antelación. En ningún momento me negué a asistir irrespetando esta Asamblea.

  • De forma inmediata a mi regreso al país, el 21 de mayo de 2018, solicité ser recibida por el Consejo de Administración Legislativa en Comisión General para informar sobre las acciones ejecutadas por la Cancillería durante el manejo del conflicto de seguridad en frontera con Colombia. Allí pude explicar los motivos de mi ausencia a la convocatoria del Pleno el 16 de mayo de 2018 y a la cual asistieron los Ministros de Defensa y del Interior.Tal como informé al CAL, primero de forma escrita y luego personal en esta comparecencia, la razón de mi ausencia se debió a que cuando se me notificó de esta comparecencia estaba precisamente volando hacia Moscú.
  • De esta sesión del CAL incluso existe un Acta Certificada del 23 de mayo de 2018, en la cual se reconoce mi gestión y el trabajo que venía desempeñando hasta la fecha. Debo señalar en este punto, que durante mi comparecencia al CAL los Asambleístas del Partido Social Cristiano y de CREO representados en dicho Consejo reconocieron mi actuación. He solicitado que se entregue copia del Acta mencionada como anexo al escrito que he presentado.
  • Es importante señalar que siempre atendí de forma inmediata y rigurosa todos los pedidos de información, colaboración y cooperación que fueron solicitados por esta Asamblea Nacional, por lo que además de la solicitud a comparecer ante el CAL, acudí durante el año 2018 en las siguientes fechas:
i. El 29 de marzo de 2018, acudí ante el Consejo de Administración Legislativa y los jefes de bancada, junto a los Ministros del Interior, Defensa y el Secretario de Inteligencia.

ii. Los días 17 de enero y 24 de abril de 2018 presenté los informes trimestrales correspondientes a mi gestión en esos períodos, ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.

El Informe de la Comisión de Fiscalización señala que, en el caso del manejo del conflicto de seguridad en la frontera con Colombia, abro comillas “De la revisión de los documentos referidos, no se ha logrado demostrar una gestión diligente y oportuna por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en torno a los acontecimientos de la frontera norte durante el período de gestión de la ex Canciller María Fernanda Espinosa” Cierro comillas.

Como lo mencioné antes, resulta absolutamente inverosímil considerar que el Informe sostenga esta aseveración, sin analizar y sin tomar en cuenta mi rol y mandato como ex Canciller y toda las pruebas presentadas en mi respuesta sobre este tema.

Cualquier análisis imparcial podrá concluir que sí existió una gestión diligente y oportuna de mi parte, evidenciada en detalle en las acciones implementadas, que han sido descritas tanto en mi respuesta presentada ante la Comisión de Fiscalización como en el escrito al Pleno de la Asamblea Nacional.

Al no analizarse mis argumentos y la información de sustento presentada, la cual es además fácilmente verificable y pública, se está violentando de una manera evidente mi derecho a la debida defensa. Validar este hecho, respaldando este enjuiciamiento, representaría un precedente lamentable para la Función Legislativa.

Vale la pena señalar que, la misma Comisión en su Informe sobre supuestos “Incumplimientos de Funciones” indica en la página 97 que, abro comillas: “[…] se confirma la reunión del mecanismo 3+2 en materia de seguridad y defensa, presidido por los cancilleres y los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador y por el Ministerio del Interior del Ecuador el 14 de febrero de 2018, con el cual se demuestra una vez más, la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Estado Colombiano”. Cierro comillas.

El Informe de la Comisión de Fiscalización, por tanto, está lleno de contradicciones desafortunadas como en este caso, en el que se reconoce un hecho claro, y demostrable, que descalifica los argumentos de los proponentes y luego el propio Informe recomienda el enjuiciamiento político.

Señor Presidente, señoras y señores Asambleístas,

De acuerdo a lo antes expuesto, no es posible aseverar que exista alguna responsabilidad de mi parte, según lo establecido en la Constitución, los Convenios y Tratados Internacionales, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y La Ley Orgánica del Servicio Exterior, por incumplimiento de funciones en atención a este tema.

Tampoco es posible demostrar ninguna responsabilidad por omisión, ya que no se puede pretender que cuando ocurren hechos criminales en territorio colombiano, perpetrados por organizaciones armadas en ese país, la Canciller tendría alguna responsabilidad directa al respecto.

Tampoco es posible demostrar las aseveraciones que realizan, acerca de mi supuesta “Responsabilidad Política”, ya que por el contrario, queda demostrado que desde mi gestión como Canciller impulsé todas las acciones posibles, en el marco de nuestras competencias, para responder a una situación que afecta la seguridad de los ecuatorianos y en particular a nuestras poblaciones fronterizas y su derecho a la paz y al desarrollo.

Señores y señoras Asambleístas,

En síntesis, es imposible desconocer la contundencia de estos argumentos que claramente desestiman las acusaciones de los promotores de este enjuiciamiento. Ustedes cuentan con todos los argumentos necesarios para archivar este juicio político.

Tercer tema: Alegaciones sobre las denominadas “Irregularidades del Caso Julian Assange”

Señores y señoras Asambleístas,

Permítanme ahora referirme a las acusaciones en mi contra por la protección del asilado Julian Assange, en su calidad de persona internacionalmente protegida.

1. Sobre la aseveración de que “como ex Canciller antepuse mis afinidades ideológicas e intereses personales al interés del país en la protección del asilado”, debo señalar lo siguiente:

El otorgamiento de asilo político a Julian Assange fue una decisión soberana del Estado Ecuatoriano en el año 2012. El mantenimiento de su condición de persona internacionalmente protegida y sus derechos adquiridos fue igualmente una decisión política y soberana, apegada a la Constitución, las Leyes nacionales y al Derecho Internacional, cuando ejercí la función de Canciller.

Es evidente que en este delicado caso no caben ni las afinidades ideológicas ni tampoco los intereses personales. Las actuaciones desplegadas estuvieron orientas, en todo momento, a garantizar que el Estado ecuatoriano obrara en estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos.

La afinidad ideológica, a la que se refieren los asambleístas proponentes de este juicio, es quizás mi afinidad con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.

En consecuencia, la oposición y acusación pública que se realiza tanto al otorgamiento como al sostenimiento del asilo diplomático, así como su posterior naturalización, es una discusión eminentemente ideológica, de persecución y de oposición a decisiones que se ejecutaron de forma legítima por los gobiernos involucrados. Por lo tanto, cualquier iniciativa de juicio político al respecto carece de justificación jurídica.

La decisión política de protección del señor Assange se basó, en el principio de protección a la vida y a la integridad de un individuo, sobre el cual existían motivadas razones que indicaban que sus derechos fundamentales estaban en riesgo.

Esa protección se articuló sobre la base del principio general del derecho internacional del “non-refoulement”, o no devolución de una persona, cuando existen evidencias de que está siendo sometida a persecución como consecuencia de su nacionalidad, etnia, sexo o por razones políticas.

A pesar del argumento antes expuesto, mi responsabilidad no fue el otorgamiento del asilo, como erróneamente se señala en el Informe de la Comisión de Fiscalización, ya que esa decisión se tomó años atrás, el 16 de agosto de 2012.

Cuando asumí el cargo de Canciller, mi deber constitucional, jurídico y político, era sostener y respetar el derecho adquirido de una persona protegida internacionalmente. De no hacerlo así, estaría transgrediendo el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Soy consciente, de que en este tema de alta sensibilidad, diversas personas e incluso responsables políticos, han basado sus criterios en el prejuicio ideológico, o por su simpatía o antipatía por el asilado, y no por el necesario análisis jurídico de la cuestión. Un análisis que, ineludiblemente, nos conduce a la afirmación de que Ecuador actuó conforme a la normativa internacional y a la doctrina más autorizada en materia de asilo diplomático.

En este sentido, la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2018, al resolver la Opinión Consultiva que Ecuador planteó sobre los aspectos relacionados con el asilo diplomático, ha reconocido la legalidad de la actuación del Estado ecuatoriano y por tanto de la Cancillería bajo mi cargo.

Así mismo, la Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 19 de Marzo de 2019, expresa literalmente que, abro comillas, “Dadas las particularidades del presente asunto, la Comisión ha considerado pertinente recordar al Ilustre Estado de Ecuador, de conformidad con sus atribuciones establecidas en el artículo 41 de la Convención Americana, que según lo resuelto en la Corte Interamericana en la Opinión consultiva OC-25/18 (antes referida), a partir del artículo 5 de la Convención Americana, leído en conjunto con las obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección de los derechos humanos, se desprende el deber del Estado de no reportar, devolver, expulsar, extraditar o remover de otro modo a una persona que esté sujeta a su jurisdicción, a otro Estado, o a un tercer Estado que no sea seguro, cuando exista presunción fundada para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes” cierro comillas.

Esto quiere decir que, en mi condición de Canciller, actué en todo momento de acuerdo con las normas constitucionales y legales, y además, de conformidad a los instrumentos internacionales ratificados por la República del Ecuador.

Es decir, la solución, sin perjuicio de la decisión política del Gobierno, debía también estar amparada por la aplicación de la normativa constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos.

La decisión política y jurídica adoptada para resolver este caso, se basó en estos instrumentos y en el bien superior de protección de la vida y la integridad de un ser humano en una situación crítica. Nunca actué por afinidades ideológicas e intereses personales. Censurarme frente a este aseveración sería absolutamente contrario a Derecho.

2. Sobre la acusación de que hemos brindado protección a un “prófugo de la justicia”

El otorgamiento del asilo había garantizado determinados derechos y la categoría de persona internacionalmente protegida al señor Julian Assange.

Precisamente para darle mayor respaldo jurídico a la decisión del Estado ecuatoriano en relación al señor Julian Assange, acudimos con fecha 24 y 25 de agosto de 2017 a una comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitar la opinión consultiva referida, sobre la figura del asilo.

La respuesta de la Corte fue emitida el 30 de mayo de 2018, en la cual de forma unánime, respaldó toda lo actuado por el Estado ecuatoriano hasta la fecha.

El asilado gozaba de la categoría jurídica de persona internacionalmente protegida, la cual debíamos respetar y resguardar.

Además, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, emitió una resolución favorable al asilado en la que se tomaba en consideración el carácter de sujeto internacionalmente protegido, y se demandaba a los países involucrados, a que otorgaran la protección correspondiente y cesara la detención arbitraria de la que era objeto.

Los promotores de este enjuiciamiento y el Informe de la Comisión de Fiscalización desconocen y obvian estos pronunciamientos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Incluso, el pronunciamiento más reciente del pasado 31 de mayo, del Relator Especial contra la Tortura y otros Tratos Crueles y Degradantes, Nils Melzer, hace un llamado para frenar la persecución en contra del señor Julian Assange, ahora que se ha demostrado que su integridad se encuentra en grave riesgo.

Mi deber era ejecutar la política exterior del Estado ecuatoriano. Por ello, en este caso me ratifico en que mi obligación y mandato era buscar una salida a un problema humanitario, que había durado ya más de 5 años al momento de asumir la Cancillería.

Fue un hecho heredado, pero asumido con absoluta responsabilidad y compromiso con el derecho internacional.

El propio Informe de la Comisión de Fiscalización, en la página 50, reconoce que, abro comillas, “De este modo queda evidenciado el cumplimiento de la ex Canciller de la normativa internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, en cuanto a la protección brindada al asilado y al cumplimiento del principio de no devolución” cierro comillas.

Para efectos del Estado ecuatoriano, el asilado no era un prófugo como señala el Informe, era un individuo internacionalmente protegido.

Como humanista, apegada al derecho internacional de los derechos humanos, no podía desconocer mi responsabilidad política y moral, que demandaba un rol activo en la protección y la búsqueda de una solución adecuada a esta situación, sin poner en riesgo los derechos fundamentales de un ser humano.

3. Sobre mi supuesta actuación bajo “cuenta y riesgo personal en este tema, tomando la decisión ́arbitraria ́ de nacionalizar a Julian Assange”

De conformidad con el artículo 147, numeral 10, de la Constitución, la política exterior del Estado ecuatoriano la define el Presidente de la República. La Cancillería es el órgano al que le corresponde dirigir y ejecutar dicha política exterior, y tiene competencia sobre los casos de asilo, según lo determinan los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Esto se cumplió a cabalidad en el caso de Julian Assange.

Como correspondía, todas mis actuaciones fueron consultadas con el Presidente de la República. El tema de la naturalización fue discutido en varias reuniones del equipo de Cancillería con el Presidente, en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017.

La aseveración de que el otorgamiento de la naturalización, ante la solicitud del asilado, fue una decisión arbitraria y personal, es falsa y tendenciosa. Fue amparada en el derecho internacional de los derechos humanos, en la legislación nacional y con el conocimiento del Jefe de Estado.

4. El Informe de la Comisión señala que, abro comillas, “como máxima autoridad en el proceso de naturalización del señor Julian Paul Assange, ha inobservado los artículo 226 y 425 de la Constitución de la República, por cuanto mediante Acuerdo Ministerial No. 00140 de 28 de noviembre de 2017, denominado ‘Protocolo para Otorgar la Naturalización de Personas en el Exterior’ suscrito por el Viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome Guerrero, creó una categoría no contemplada en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, como lo es incluir a los extranjeros en situación de protección internacional otorgada por el Ecuador de forma continua y regular por tres años, con el fin de otorgar la Carta de Naturalización al señor Julian Assange” cierro comillas

Señoras y señores Asambleístas,

Esta aseveración carece de sustento jurídico y no se comprueba en ninguna parte del Informe, ni en las declaraciones de los promotores de este enjuiciamiento que yo, como Canciller, haya inobservado los artículos constitucionales mencionados.

Al contrario, está demostrado por esta misma aseveración que cumplí de forma rigurosa las disposiciones constitucionales.

No tiene ningún sentido ni lógica jurídica señalar que yo, en mi rol de Canciller, he inobservado la Constitución cuando el Viceministro de Movilidad Humana emite, como la autoridad competente, un protocolo que está dentro de las potestades jurídicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de su rol como funcionario.

El artículo 226 de la Constitución señala que, los funcionarios ejercerán las competencias y facultades atribuidas en la Constitución y en la Ley. Por su parte, el artículo 425 se refiere al orden jerárquico de aplicación de las normas. Mis actuaciones estuvieron siempre en el ámbito de mis competencias por lo cual es absolutamente falso aseverar que he violentado el artículo 226.

Y más aún, carece de toda lógica pensar que he inobservado el artículo 425, al contrario, todas las decisiones alrededor del caso del asilado cumplen de forma rigurosa este artículo constitucional, el cual señala textualmente que, “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.

Para ser más específicos, quiero describir cómo he asegurado con mis actuaciones el absoluto respeto al artículo 425 de la Constitución.

Una vez que se le concedió el asilo diplomático al señor Julian Assange en el año 2012 y se le reconoció como persona sujeta a protección internacional, el más alto deber del Estado ecuatoriano en este caso, constituía la tutela de sus derechos humanos en riesgo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 11, numeral 3, de la Constitución de la República, que establece que la defensa de los derechos humanos previstos en ella y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, es el deber más alto del Estado ecuatoriano.

Por ello, la protección de sus derechos humanos y toda medida para garantizar su vida, libertad e integridad, era competencia de la política exterior del Ecuador y por tanto, una obligación ineludible del Estado.

Por esta razón, siguiendo con la aplicación de la norma constitucional de acuerdo al orden jerárquico establecido en su artículo 425, cuando se recibió la petición del asilado para adquirir la nacionalidad ecuatoriana, era deber constitucional, en primer lugar, aplicar el artículo 34 de la Convención del Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951), ya que un refugiado no puede vivir en el país de protección “ad eternum” sin que se registren posibilidades jurídicas para ser naturalizado y pasar a pertenecer a esa comunidad que lo ha acogido. Este principio está además recogido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

El mismo Informe de la Comisión de Fiscalización reconoce en la página 49, la absoluta legalidad y apego al derecho constitucional e internacional de la aplicación de este artículo 34, cuando señala: abro comillas “Así de la revisión de la Convención, lo que respecta a la naturalización del señor Julian Assange, que a criterio de los asambleístas entraña incumplimiento de funciones, en su artículo 34 señala que ́los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible derechos y gastos de tales trámites ́, lo cual demostraría el cumplimiento de funciones de la ex Canciller” cierro comillas.

Es fundamental reiterar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva antes expuesta, establece que el objeto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados es garantizar la protección internacional, a través del reconocimiento del derecho de asilo, así como asegurar a las personas refugiadas “el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales”.

Es decir, señoras y señores Asambleístas, que, la misma Comisión de Fiscalización reconoce la obligación que tenía como autoridad de aplicar el artículo 34 de la Convención de Ginebra. Sin embargo, nuevamente existe una clara contradicción entre los argumentos del Informe de la Comisión y las conclusiones que recomiendan el enjuiciamiento.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización en su página 51, en relación a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, menciona que, abro comillas, “[…] de los artículos 72 y 78 se puede comprobar únicamente la existencia de la posibilidad legal de realizar la naturalización y de los requisitos para la solicitud de la naturalización, no constituye en sí misma una prueba del cumplimiento de las funciones por parte de la ex Canciller”, cierro comillas.

Esta es una aseveración sin ninguna coherencia ni sentido jurídico. Son precisamente los instrumentos internacionales, como la referida Convención de Ginebra, la Constitución y esta misma Ley, las que facultan a la Cancillería y en especial, al Viceministerio de Movilidad Humana, de forma directa, otorgar la naturalización.

Son justamente esos artículos los que brindan esa potestad. Negar ese hecho y concluir que “no constituye en sí misma una prueba de cumplimiento de funciones”, es un desconocimiento evidente de un argumento jurídico serio y contundente, violentando, una vez más, mi derecho a la defensa.

Con la aprobación unánime de la Ley Orgánica de Movilidad Humana el 6 de febrero de 2017, se fortaleció el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de movilidad humana y se ampliaron los mecanismos y protocolos para su protección, incluyendo los referidos a la naturalización.

En este último caso, el artículo 78 de esta Ley faculta, entre otras, la posibilidad de solicitar la naturalización en las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador. Esta precisamente fue la disposición legal con la cual el ciudadano Julian Assange fundamentó su petición de naturalización, presentada ante el Estado ecuatoriano, el 16 de septiembre de 2017. Dicha solicitud estuvo acompañada de los requisitos aplicables exigidos en el artículo 72 de la Ley y en el artículo 67 de su reglamento.

Es por eso que, como autoridad competente, el Viceministro de Movilidad Humana debía establecer un mecanismo para instrumentar el derecho establecido en el artículo 78. Eso es absolutamente legítimo y legal.

De acuerdo a la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Movilidad Humana publicada el 6 de febrero de 2017, el Presidente de la República debía expedir en ciento veinte días el Reglamento de esta Ley. De esta forma, el Reglamento fue publicado en el Registro Oficial el 10 de Agosto de 2017. En consecuencia, es totalmente falso que se elaboró un reglamento para beneficiar expresamente a la persona que estaba internacionalmente protegida, como esgrimen algunos actores políticos en este proceso de persecución, considerando además que la petición de naturalización del asilado fue presentada el 16 de septiembre de 2017, es decir, después de la adopción del Reglamento.

Señores y señoras Asambleístas,

El bien superior constitucional en el caso de la protección al asilado Julian Assange que debía garantizar, como servidora pública, como humanista y como Canciller, era su derecho a la vida y su integridad personal. La protección de la institución del asilo y la búsqueda de una solución urgente a esta situación, corresponde a una aplicación directa y de respeto absoluto a la institución internacional del asilo y a los preceptos constitucionales.

Mi actuación correspondió además al cuidado del derecho a la salud del asilado, y al legítimo derecho del gobierno en ese momento, de buscar una solución adecuada para poner fin a su condición de confinamiento, haciendo uso de las herramientas jurídicas constitucionales y diplomáticas existentes.

De esta forma, el otorgamiento de la nacionalidad a Julian Assange, fue una decisión que demuestra que el Estado ecuatoriano recurrió a todas las medidas posibles a las que estaba obligado para la protección del solicitante.

Cuestionar la naturalización como “negativa”, “lesiva” o “política”, es una simplificación que olvida que el mismo hecho constituye una prueba a favor del Estado ecuatoriano en su interés real, concreto, manifiesto y explícito de encontrar una solución de beneficio para las partes. Este cuestionamiento implica un desconocimiento del derecho internacional y de las responsabilidades que tiene el Ecuador como Estado.

La solicitud, intencionalidad y expectativa frente a la posibilidad de resolución del impasse diplomático existente, a través del otorgamiento de la nacionalidad debe analizarse en su justa dimensión y no a partir de cuestionamientos ideológicos e incluso por simpatías o antipatías hacia el asilado.

La respuesta a esta solicitud fue una prueba de buen proceder y de buena fe del Estado ecuatoriano, ya que se basa en la aplicación de las obligaciones constitucionales bajo una óptica de primacía de los derechos humanos. La acción no solo permitió concretar un derecho (naturalización), sino proteger al Estado ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano de cualquier tipo de cuestionamiento sobre el accionar del país en relación a Julian Assange. No existe mejor prueba del interés real del Ecuador y de su accionar apegado a derechos humanos, que la naturalización del señor Assange.

Por último, cuando se trata de un bien superior como era preservar la vida y la integridad de una persona, y asegurar el respeto del derecho internacional reconociendo su calidad de persona internacionalmente protegida, como funcionaria pública, tenía el deber de actuar amparada en el Artículo 426 de la Constitución, que textualmente señala, abro comillas: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación.

No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”. Cierro comillas.

Desconocer el Artículo 426 significaría desconocer los fundamentos mismos del orden constitucional y del Estado de Derecho en el Ecuador. Significaría además, desconocer y denunciar los instrumentos internacionales a los que nos debemos como Estado.

5. Sobre las acusaciones relativas a aspectos procedimentales y administrativos relativos a la naturalización

Señoras y señores Asambleístas,

Mi responsabilidad política, con el conocimiento del Presidente de la República, era aprobar esta solicitud y disponer que se realizaran los procedimientos necesarios para concretar esta decisión.

Mi accionar fue totalmente congruente con la Constitución en lo relativo al ejercicio de los derechos, donde se establece en los numerales 4 y 5 del artículo 11, que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales y que en materia de derechos humanos los funcionarios estamos obligados a aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

El enjuiciamiento político propuesto no puede afincarse en asuntos de orden administrativo y procedimental de la ejecución de una decisión del más alto nivel político, que corresponde a la protección de derechos fundamentales y a la búsqueda de opciones de solución a una situación que involucraba la vida de un individuo y las relaciones diplomáticas con otros Estados, los cuales demandaban acciones concretas para ofrecer posibles salidas a esta situación.

Señor Presidente, señoras y señores Asambleístas,

El abordaje de este tema de tanta envergadura, no puede limitarse a supuestas faltas procedimentales, que además trascienden mi responsabilidad política directa, que no se contraponen ni lesionan la Constitución, ni los instrumentos internacionales de derechos humanos, ni ninguna ley nacional.

Los temas procedimentales salen del control de las máximas autoridades. En el caso de los funcionarios de los distintos niveles jerárquicos, lo que correspondía, en un caso de tan alta relevancia para la política exterior, era implementar una decisión que era legítima desde todo punto de vista, tal como ha sido expuesto.

Es decir, todos los funcionarios diplomáticos y profesionales que intervinieron en este proceso administrativo, por su profesionalismo y experiencia, nunca habrían procedido si esto era un acto lesivo e ilegal. Los funcionarios de Cancillería realizaron las acciones necesarias con la celeridad y prioridad del caso, atendiendo las normas jurídicas que los amparaban, para ejecutar una decisión de política exterior.

Se me pretende juzgar por defender los derechos humanos, cuando cualquier censura debería hacerse por violarlos.

Los promotores de este enjuiciamiento cuestionan que el Presidente de la República o yo, como ex Canciller, no hayamos firmado la Carta de Naturalización del señor Julian Assange, desconociendo que el Reglamento de la Ley de Movilidad Humana, que es un instrumento firmado por el Jefe de Estado, delega esta facultad al Viceministro de Movilidad Humana, en su artículo 67, como la autoridad en esa materia. Por esta razón, es él quien suscribe esta y todas las cartas de naturalización que emite la Cancillería.

Por ello quiero llamar la atención por la injusticia que se pretende cometer: una vez más desconociendo como opera el Estado en materia de derechos, se acusa y se mancha la honra personal de funcionarios correctos y profesionales, e inclusive se afecta el prestigio de la Cancillería como institución.

Señoras y señores Asambleístas,

Entre las acusaciones en mi contra se menciona temas de procedimiento que corresponden al Registro Civil y que por tanto escapan por completo a mi responsabilidad política y que, a pesar de no entrar en mis competencias, expongo a continuación por la necesidad de aclarar este penosos asunto frente a la opinión pública.

A partir de la comparecencia en la Comisión de Fiscalización del actual Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, Vicente Taiano, la Comisión concluye que, abro comillas, “[…] existen irregularidades en los procesos y procedimientos para el otorgamiento del Número Único de Identificación (NUI) 1729926483, correspondiente al señor JULIAN PAUL ASSANGE”, cierro comillas. Esta es una conclusión apresurada y totalmente arbitraria. Al respecto me permito indicar lo siguiente:

El ex Director del Registro Civil, Cedulación e Identificación, Jorge Troya, con fecha 15 de mayo de 2019, remite una comunicación contundente, que ya ha sido distribuida a todos los asambleístas, en la cual señala claramente que los documentos solicitados por la Comisión de Fiscalización corresponden a un proceso de cedulación que ya no está vigente desde hace más de 6 años. En lo fundamental, el Sr. Troya menciona también que la falta de precisión y ligereza en la respuesta suscrita por el actual Director del Registro Civil, indujo a la Comisión de Fiscalización y Control Político a emitir un criterio errado sobre el proceso de registro en el sistema informático de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en el caso Julian Assange. Posteriormente en su escrito, el actual Director del Registro Civil, ACLARÓ que NO EXISTEN INCONSISTENCIAS en el proceso de registro de la Carta de Naturalización del señor Julian Assange.

Señor Presidente,

Pretenden censurarme por presuntas actuaciones del entonces Director del Registro Civil, que han sido debidamente aclaradas, tanto por dicho funcionario, como por el Director actual. Esto es algo inaudito.

Me pretenden enjuiciar, por tanto, en función de asuntos no exigibles, por ser procesos derogados y que no se ejecutan hace más de 6 años y, por tanto, son claramente improcedentes.

Vale recordar que la información que falsea la verdad no constituye prueba, peor aún fundamento de responsabilidad. La falsedad de estos argumentos no solo vició la opinión pública, confundió a la población, a los medios de comunicación y a los asambleístas de la Comisión que actuaron de buena fe, sino que además contaminó el proceso que se pretende impulsar en mi contra.

Un testimonio falso, no puede considerarse como medio probatorio y, si se actúa conforme a Derecho y a la ética, debió ser excluido y desestimado en su debido momento. Esto demuestra que la Comisión de Fiscalización lastimosamente, no valoró adecuadamente mi prueba de descargo, ni verificó la veracidad del testimonio del Director del Registro Civil, así como de los demás que se presentaron. Esto, una vez más violentó mi derecho a la defensa y denota una falta de rigor en el debido proceso.

Por lo expuesto, solicito desechar la totalidad de la supuesta evidencia, errada y tendenciosa y, en consecuencia, archivar este enjuiciamiento político. Creo honestamente que los asambleístas que actuaron de buena fe, fueron simplemente dirigidos a conclusiones equivocadas.

La evidencia falsa invalida el procedimiento y las conclusiones de la Comisión, la falsedad de la evidencia extiende sus efectos a todo aquello que surgió de ella.

6. Sobre las acusaciones relativas al sostenimiento del asilo aún después de otorgada la ciudadanía

Es fundamental señalar que, una vez otorgada la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, el Estado ecuatoriano no podía dar por terminada dicha protección, su expulsión o devolución, tal como lo prevé el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Por lo tanto, aunque el señor Assange había sido naturalizado, la protección más básica y elemental, núcleo del asilo, el principio de non-refoulement, no cesó ya que como es de conocimiento público, las amenazas a su integridad y quebrantamiento de sus derechos continuaron existiendo. Como Canciller no podía actuar nunca en contra del derecho internacional de los derechos humanos.

7. Sobre el nombramiento diplomático

Bajo instrucción del Presidente de la República, emprendimos diálogos al más alto nivel diplomático para identificar posibles alternativas de solución a la situación del asilado, de forma tal que se garantizara la integridad de la persona internacionalmente protegida, en el marco de las buenas relaciones bilaterales entre Ecuador y el Reino Unido.

Una vez otorgada la naturalización, se analizaron los requisitos y procedimientos legales que pudieran dar viabilidad, de manera excepcional y temporal, a las Designaciones de Gestiones Especiales en el Servicio Exterior, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, con el objetivo de incrementar las posibilidades de protección del asilado y brindar al Reino Unido una posible salida legal a esta situación, en el marco de los instrumentos internacionales que rigen las relaciones diplomáticas.

Con este fin, el 20 de diciembre de 2017 la Cancillería, a través de su Embajada en Londres, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores Británica considerar la acreditación del señor Assange como agente diplomático. Esta petición fue negada el 21 de diciembre de 2017. En atención a las buenas relaciones con el Reino Unido, declinamos esta opción.

Defender la institución del asilo y buscar una solución a este caso era defender el prestigio de Ecuador como referente en la defensa de la dignidad humana y en el respeto al sistema internacional de los derechos humanos.

Señor Presidente, señoras y señores Asambleístas,

Ustedes son responsables de velar que las actuaciones de las entidades que conforman el Estado se desarrollen en apego a la Constitución, la Ley y a los instrumentos internacionales.

Juzgar e intentar censurar mi actuación como Canciller por asegurar los derechos de una persona internacionalmente protegida, amparada en todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional como ha sido expuesto, representaría por tanto desconocer nuestra Constitución, la Convención de Ginebra y el resto de instrumentos internacionales antes expuestos.

Un órgano político de esta naturaleza, la Primera Función del Estado, no puede juzgar sobre la base de procedimientos secundarios y corrientes de opinión manipuladas por los proponentes, sino sobre la base de los intereses superiores y de los derechos humanos.

Históricamente, el Estado ecuatoriano ha sido reconocido a nivel mundial por cumplir con sus obligaciones internacionales; la Constitución de Montecristi con una visión moderna y amplia de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y de los derechos sociales y económicos, ha recogido íntegramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenciones y Tratados Internacionales ratificados, casi en su totalidad por el Estado ecuatoriano.

De esta forma, el Ecuador ha establecido un compromiso con la comunidad internacional, y con el multilateralismo como único mecanismo para la resolución de conflictos y desafíos globales, y el respeto y protección a los derechos fundamentales, como lo constituyeron las acciones relacionadas con este caso.

Finalmente, deseo dejar constancia ante este Pleno, una vez más, que mi actuación como Canciller de la República, se sujetó, en todo momento, al más estricto cumplimiento de las normas constitucionales, de la ley y de los Tratados Internacionales, aplicando, el principio pro actione, que, como corresponde, antepone a cualquier otro interés el de la parte más vulnerable, que, en este caso, era la persona internacionalmente protegida con la medida de asilo. Por lo tanto, de este principio no puede desprenderse jamás una responsabilidad política como la que se pretende con este juicio.

Por ello, y con el máximo respeto a nuestra Asamblea Nacional, pero no por ello, con menos contundencia, debo rechazar enérgicamente las imputaciones de las que he sido objeto.

III. CONCLUSIONES

Señoras y señores Asambleístas,

Como he demostrado en la argumentación y pruebas presentadas, el juicio político en mi contra, es la expresión de una clara persecución política e ideológica, en base a ataques infundados y al linchamiento mediático.

Está claro que no existe ningún fundamento o evidencia para que el Pleno se pronuncie a favor de este juicio que, por cierto, desconoce el debido proceso, y se basa en juicios de valor, epítetos y descalificaciones y no en pruebas o argumentos basados en derecho.

No se puede institucionalizar el odio y la persecución política e ideológica.

Pronunciarse a favor de las acusaciones planteadas por los asambleístas proponentes y del contradictorio e inconsistente Informe de la Comisión de Fiscalización, constituiría un precedente desafortunado en la política nacional, además de causar un daño irreparable a la imagen internacional del Estado ecuatoriano.

Votar en contra de esta persecución sería una clara expresión de este órgano parlamentario a favor del ejercicio de la política como práctica de servicio a los demás, en base a propuestas, compromisos y acciones en beneficio de la sociedad, y no, como pretende este juicio, en función de revanchas políticas, de persecución y agresión.

Votar en contra de este juicio político, sería también un mensaje de aliento para aquellas mujeres, sobretodo para las mujeres jóvenes del Ecuador y del mundo, que quieren participar en la vida política y temen precisamente ser víctimas de discriminación, maltrato y persecución.

Votar en contra del Informe de la Comisión de Fiscalización sería avalar la necesidad de fortalecer el Estado de derecho para defender la soberanía, el debido proceso y el respeto al derecho internacional.

De este modo, nuestro país daría una muestra clara de que sus autoridades representan los intereses de sus mandantes y respetan el orden democrático.

Votar en contra de este proceso iniciado con irregularidades y claras inconsistencias, también me motiva a reconocer la posibilidad y la oportunidad que todos los seres humanos tenemos de corregir errores, muchas veces motivados por la pasión y el fervor político.

A pesar de las consecuencias políticas, profesionales y personales por haber enfrentado una larga y penosa persecución de parte los proponentes de este juicio, estoy también consciente que ha sido una oportunidad para informar a la opinión pública y a los actores políticos serios y de buena fe, sobre mi gestión como ex-Canciller.

Este juicio político me ha permitido también reafirmar mis convicciones democráticas y humanistas, en favor de los perseguidos, de las víctimas y de las mujeres y fortalecer mi permanente lucha contra la injusticia y la violencia.

Mi llamado no es a que los asambleístas promotores de este enjuiciamiento piensen como yo, ni que suscriban posiciones progresistas. Mi llamado es a que todas y todos los asambleístas que actúan de buena fe y en apego a la Constitución, la ley y el derecho internacional, voten en contra de este juicio.

Mi llamado es a que NO nos dejemos llevar por el odio y la revancha, sino por la razón y por la verdad.

Mi llamado es que esta Asamblea actúe con rigor y responsabilidad, resistiendo a los chantajes de contados periodistas, que afortunadamente son la minoría, y que además responden a intereses conocidos, o que nos dejemos tentar por las manipuladas redes sociales, o de las prefabricadas matrices de opinión.

Mi llamado es a que el nombre del Ecuador quede en alto y a pesar de nuestras diferencias internas, sepamos separar la paja del heno y potenciar el trabajo internacional, en representación de nuestro país.

Mi llamado es a que recordemos los 7 pecados sociales de los que habla Gandhi y destacar, sobretodo, aquel pecado que se refiere al ejercicio de la política sin principios.

Mi llamado es a que esta Asamblea se dé la oportunidad de ejercer una política de principios y convicciones y de respeto y amor por el país.

Señoras y señores Asambleístas,

Ustedes tienen ante sí la oportunidad única de pronunciarse en contra de acciones que claramente erosionan la democracia y afectan la credibilidad y legitimidad de las instituciones en nuestro país.

Tengo la seguridad de que sus análisis y su debate en el Pleno estarán animados por la objetividad y la imparcialidad, y se fundamentarán en nuestra Constitución, en el ordenamiento jurídico del Ecuador y en los compromisos internacionales a los cuales nos debemos como Estado.

Las evidencias y los argumentos aquí esgrimidos se basan en la verdad, la razón y el derecho, por lo que solicito respetuosamente al Pleno de nuestra Asamblea Nacional, se archive este enjuiciamiento político.

Agradezco su atención.

 

María Fernanda Espinosa Garcés

Ex Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana